Guillermo Valdés Castellanos dirigió el Centro de Investigación y Seguridad Nacional durante el gobierno de Felipe Calderón. A trece años de haber dejado su cargo, y en un contexto en el que la violencia de la criminalidad organizada sigue en aumento, platicamos con él sobre su perspectiva, sobre la inteligencia en el combate al narcotráfico y sobre seguridad nacional.
¿Cómo concibe el fenómeno de la violencia desde el gobierno de Felipe Calderón hasta la fecha? ¿Ha disminuido, ha aumentado? ¿A qué se debe?
Guillermo Valdés – Por desgracia, la violencia va en aumento; las estadísticas así lo muestran. Uno de los indicadores más exactos y terribles de la violencia es el número de homicidios: en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa hubo 120,000 homicidios; en el de Enrique Peña Nieto, hubo 156,000, en la actualidad, a escasos meses de que termine el sexenio, van 180,000. Por desgracia, la violencia ha crecido y lo que podríamos concluir, en términos generales, sin entrar en detalles, es que el Estado, como institución fundamental que tiene la tarea básica garantizar la seguridad, la vida y el patrimonio de los ciudadanos, no está haciendo bien su tarea.
Tenemos como causas estructurales un Estado débil e ineficaz para controlar y desarticular a las organizaciones criminales, las cuales son las principales autoras de la violencia contra la sociedad. El hecho de que haya organizaciones criminales muy violentas se debe a que tenemos un Estado incautado, incapaz y débil estructuralmente para hacer que el derecho rija en toda la sociedad. Lo que hemos visto es que cuando empezó este fenómeno en todo su esplendor, durante la época de Felipe Calderón, ya existía el problema de un crimen organizado que se había fortalecido durante décadas a la sombra del narcotráfico y que se había empoderado en términos económicos, militares, sociales y territoriales.
Cuando Calderón tomó el poder, le tocó enfrentar la erupción de un volcán que se había venido gestando durante décadas de permisividad del Estado en relación con las organizaciones criminales. El presidente de extracción panista decidió que el Estado tenía que fortalecerse para someter al Estado de derecho a la sociedad y a estos grupos delincuenciales. Pero el Estado no se fortalece de un día para otro; para hacerlo debe seguir un proceso muy complejo. Lo que hemos visto en estos 12 años después de que Calderón dejó el poder, es que el gobierno del Peña Nieto no hizo gran cosa, pues no entendió que el reto era fortalecer las instituciones de seguridad y justicia. Y por desgracia, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha abandonado el asunto: ha querido concentrar toda la fuerza y el poderío del Estado en el estamento militar, olvidándose de las policías locales, destruyendo a la policía federal, olvidándose de la procuración de justicia, dejando a su suerte las cárceles y entablando un conflicto contra el Poder Judicial. Mientras en estos últimos años el Estado se ha debilitado, las organizaciones criminales se han fortalecido y aumentan terriblemente la violencia en contra de la sociedad. El gobierno no se ha hecho cargo de los procesos necesarios para hacer valer el Estado de derecho.
¿Cuál consideraría usted que es una mejor política de seguridad? Una que se acerque más a un Estado de excepción en el que el Estado pueda ser más violento en la forma en la que va a tratar de resolver el problema de la delincuencia organizada –como en el caso de El Salvador– o una política más que no deshumanice al delincuente o que llegue al extremo de abrazos no balazos?
Guillermo Valdés – Yo creo que ese es un dilema que no plantea el problema en sus términos exactos, porque no se trata de reprimir brutalmente a través de Estado de excepción, en el que se cancelan los derechos humanos o hay demasiada permisividad. Los problemas de inseguridad y violencia humana son muy complejos y no pueden reducirse a las únicas vías de la permisividad o del Estado de excepción. Tiene que haber un conjunto de políticas en distintos rubros para atacar toda la complejidad del problema. Tiene que haber, por ejemplo, política preventiva para impedir que los jóvenes vean la delincuencia como su opción de vida no solo por razones económicas sino también de cultura y valores, a la luz de que muchas juventudes aspiran a enriquecerse rápidamente y ven el crimen organizado como una manera de hacerlo.
Por otro lado está demostrado que, cuando socialmente el Estado de derecho no es valorado, cumplir con objetivos personales de vida, proporcionar sustento a la familia, progresar, tener mejores condiciones de vida, por la vía legal o por la vía ilegal, depende de qué tanto hemos interiorizado el valor del Estado de derecho. En México hay una cultura de legalidad muy débil. En GEA hemos estado estudiando encuestas para saber cuánto valora la gente la ley; les preguntamos a las personas si creen que las leyes deben ser obedecidas siempre o sólo cuando piensan que son justas. Alrededor de la mitad de la población dice que no, que cuando creen que las leyes no son justas pueden ser violadas. Esta perspectiva no ayuda a impedir que la gente delinca y se vuelva parte de las organizaciones criminales; debe haber una cultura de legalidad mucho más sólida, pero no se ha promovido.
Otra política para detener la violencia tiene que ver con desarticular a las organizaciones criminales. Esto no necesariamente se da por medio de la violación de los derechos humanos, aunque en algunos casos puede ser necesario establecer estados de excepción pero en regiones muy específicas y por tiempos acotados. Pero en general se puede desarticular a las organizaciones criminales con mucha inteligencia, que eso es lo que le ha faltado en gran medida a las instituciones mexicanas de combate al crimen organizado: tener mucha inteligencia para que la actuación que permita desarticular a las bandas no necesariamente esté vinculada con actos violentos.
Para poder enfrentar este problema se necesita política de prevención, educación para la cultura de la legalidad, políticas eficaces para desarticular a las organizaciones criminales —lo que implica la persecución de policías y políticos corruptos que trabajan en complicidad con esas organizaciones criminales— y políticas de rehabilitación social en las cárceles —pues se ha demostrado que son centros operativos del crimen organizado: ha habido casos en varios estados en los que quitándoles a los criminales el control de las cárceles se ha reducido la delincuencia en 40 a 50 por ciento—. Este es un conjunto amplio de políticas que van mucho más allá del falso dilema sobre “abrazos, no balazos”.
Cuando fue titular del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), ¿cómo coadyuvó en la estrategia de seguridad en materia de narcotráfico? En temas de inteligencia, ¿cómo funcionan las colaboraciones interinstitucionales? ¿Qué tanta información se comparte entre las agencias o todos reportan a un superior –que podría ser el presidente– para que éste sea quien tome la decisión final?
Guillermo Valdés – Cuando estuve en el Cisen, de 2007 a 2011, las instituciones del Estado estaban en un proceso de aprendizaje sobre cómo generar y compartir inteligencia. Parte de la debilidad institucional del Estado frente al crimen organizado —a la que me referí antes— se manifestaba, por ejemplo, en que la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre ha tenido un área de inteligencia militar y una unidad especializada de inteligencia contra el narcotráfico. Pero en aquel tiempo, por ejemplo, la Policía Federal era una policía mínima que se había creado en 1999 y que en 2006-2007 apenas tenía 7,000 u 8,000 agentes, aunque no tenía un área de inteligencia.
El presidente Felipe Calderón Hinojosa, además de recurrir al Ejército para combatir al crimen organizado, al narcotráfico, sabía y tenía muy claro que para poder derrotarlo se necesitaba una Policía Federal fuerte. Y se empezó a constituir. Y dentro de esa Policía Federal, se abrió toda un área de inteligencia, todo un sistema de información policial y criminal —la Plataforma México— y entonces se empezó a desarrollar, en 2007, el área de inteligencia de una Policía Federal profesional, técnicamente capacitada.
Por otro lado estaba el Cisen, que siempre había tenido —hasta antes de que empezara este gobierno— la tarea de generar inteligencia para la seguridad nacional; no para la seguridad pública, porque esa era tarea de la Policía Federal. Ésta vino a llenar un hueco que había en el Estado mexicano, para generar inteligencia criminal y policial contra las organizaciones criminales, para la seguridad pública, porque lo que había era el Cisen con inteligencia para la seguridad nacional, y la Secretaría de la Defensa Nacional, que tenía su área de inteligencia tanto para seguridad nacional como para seguridad pública contra el narcotráfico.
Entonces se empezaron a fortalecer estas áreas de la inteligencia. Incluso la Marina abrió su propio centro de inteligencia contra el narcotráfico, y la Procuraduría General de la República, un área que en teoría era de inteligencia contra el crimen organizado, pero que en realidad no operaba como tal.
A partir de esa época se desarrollaron las áreas de inteligencia en todas las dependencias. El Cisen empezó a participar, porque originalmente se le quitó de sus facultades y de sus responsabilidades la inteligencia contra el crimen organizado. Fue hasta el gobierno de Felipe Calderón cuando empezó a desempeñar tareas de inteligencia, pero no operativa; es decir, se hacía inteligencia, por ejemplo, para detener a un capo del narcotráfico, y entonces se investigaba dónde estaba, cuáles eran sus movimientos, cuánta gente tenía para su protección: eso se llama inteligencia táctica y operativa. Pero también hay otro nivel de inteligencia que es la inteligencia estratégica; es decir, la que determina cuál es la mejor manera de combatir al narcotráfico, si sólo atacando a las organizaciones criminales o también atacando las redes de corrupción, si se empieza por el norte o por el sur del país, si se cortan los flujos de Centroamérica o si se pone énfasis en los puertos.
Esta visión estratégica del combate es la que empezó a desarrollar el Cisen. Durante el gobierno calderonista se dio un fuerte impulso a las inteligencias de las distintas dependencias y hacia 2009-2010 se empezaron a crear centros de fusión de inteligencia en dos sentidos: primero, porque se junta, se combina y se comparte la inteligencia de las distintas dependencias (entonces, por ejemplo, si se iba a desarticular a los Zetas, cada dependencia —Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal, Procuraduría General de la República…— aportaba la información que tenía sobre esa organización); segundo, una vez que estaba puesta en conjunto la inteligencia de todas las dependencias del Estado, había otro nivel de fusión de inteligencia que se daba al momento de recabar la información de las organizaciones, información que se pasaba al centro de fusión de inteligencia y se traducía en más operativos para detener a otros blancos (así, siguiendo el ejemplo, una vez que se detiene al líder de los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, se organiza un equipo operativo de policías o de marinos o de soldados que además de detener a ese señor decomisaban documentos, archivos, computadoras con información que era utilizada para identificar y detener a otras personas). Entonces, el centro de fusión de inteligencia combinaba la de todas las agencias y vinculaba la operación con la generación de más inteligencia.
REGÍSTRATE PARA SEGUIR LEYENDO
Continúa disfrutando de nuestros contenidos sin interrupciones. Si ya tienes una cuenta con nosotros, inicia sesión.
