Las prácticas de los gobiernos latinoamericanos para garantizar la seguridad a su ciudadanía nos alejan de la democracia. Alba Nidia Morin Flores las pone en duda críticamente.
A raíz de la expedición del decreto presidencial del mandatario ecuatoriano Daniel Noboa por medio del cual se implementa el estado de excepción a partir del 8 de enero de 2024, por un lapso de 60 días, como medida para afrontar la escalada de violencia1 y la crisis del sistema carcelario por la fuga de Adolfo Macías, principal líder de la organización delictiva Los Choneros, de una cárcel en Guayaquil, nuevamente se pone en el centro del debate jurídico-político la eficacia y los riesgos de esas medidas de emergencia en la región latinoamericana.
El estado de excepción tiene una larga historia en los ordenamientos legales. Sus orígenes se remontan a la República romana con la incorporación de una serie de facultades extraordinarias mediante las cuales el Estado busca reestablecer el orden y la paz en virtud de una situación de crisis. Así, en la civitas romana se creó la magistratura extraordinaria a través de la Ley Dictatore del año 253, puesta en práctica por primera vez por la revuelta ocasionada por la destitución de Tarquinio (Aramburú, 2020, p. 87).
El dictador, antecedente de los regímenes de excepción actuales, era nombrado sólo por un lapso máximo de seis meses, durante los cuales poseía el sumuum imperium; es decir, no sometía sus decisiones a la voluntad del pueblo; se constituía como mandatario del ejército y podía decretar penas como el destierro o la muerte. De acuerdo con Schmitt, el dictador era una especie de rey con poder ilimitado, quien decidía incluso sobre la vida y la muerte de los ciudadanos (Scmitt, 1985, p. 34).
En la actualidad, gran parte de los ordenamientos jurídicos constitucionales de América Latina incluyen la posibilidad de decretar los estados de excepción para hacer frente a situaciones de emergencia, de manera que las autoridades suspenden o restringen por un determinado periodo de tiempo derechos como la libertad de reunión, de tránsito y de circulación —en ciertos horarios—, así como la inviolabilidad del domicilio, en muchos casos dejando a las fuerzas militares y de seguridad la práctica de detenciones sin mandato judicial o con extensión del plazo legal.
Estos regímenes de excepción deberían ser medidas de carácter extraordinario; sin embargo, su aparición no ha sido esporádica; más bien constituye una práctica constante. De acuerdo con el Center for Strategic & International Studies, “entre abril de 2020 y abril de 2023 al menos 30 estados de excepción o medidas análogas de seguridad pública han sido declarados en América Latina y el Caribe” (https://www.csis.org/analysis/constraining-states-exception#Spa).
Entre los casos más recientes se halla el de Perú, cuyo gobierno ha recurrido a las declaratorias de emergencia en contra del crimen organizado, pues a mediados de septiembre de 2023 la presidente Dina Boluarte declaró el estado de excepción en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana durante 60 días. Empero, esta razón no ha sido la única que se ha esgrimido para tomar esas medidas extraordinarias, pues en el transcurso del mismo mes también se decretó el estado de emergencia en ciudades como Cusco, Lima y Puno, debido a las protestas sociales en contra del gobierno.
Por otra parte, en Honduras, la presidenta Xiomara Castro ha mantenido el estado de excepción durante más de un año, desde diciembre de 2022, con prórrogas que afectan casi a la mitad de los municipios a lo largo del país, con el argumento de combatir a la delincuencia organizada y los crímenes que se derivan de las asociaciones delictivas, tales como el tráfico de drogas.
El caso más sobresaliente sobre este tema se vive en El Salvador, pues las medidas excepcionales de mano dura en contra de la delincuencia implementadas por el presidente Nayib Bukele continúan siendo recurrentes, ya que desde marzo de 2022 el decreto de estado de emergencia se ha prorrogado más de 20 veces, amparado en el discurso de acabar con el crimen organizado.
En esta tesitura, aun cuando algunos gobiernos, como el salvadoreño, sustentan sus decisiones de este tipo en la reducción de la tasa de homicidios a partir de las medidas aplicadas, sus implicaciones deben ser valoradas, pues las consecuencias conllevan la militarización de sus respectivos países y la muerte y la detención de personas inocentes en una región donde la corrupción y el tráfico de influencias de las fuerzas policiales son una constante.
Al respecto, de acuerdo con Amnistía Internacional, tan solo en Honduras “de diciembre de 2022 a septiembre de 2023, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos en aquel país recibió casi 300 denuncias de violaciones de derechos humanos. Varios mecanismos expertos de las Naciones Unidas que han visitado de forma independiente Honduras durante el año han descrito la situación como alarmante” (https://www.amnesty.org/es/latest/news/2023/12/honduras-bukele-like-approach-to-security/ )
Si bien los ordenamientos jurídicos amparan las declaratorias de esas medidas, su aplicación hace evidente la vulnerabilidad institucional y pone en entredicho la impartición de justicia, así como la capacidad de los gobiernos de generar políticas de prevención del delito en gran parte de los países en América Latina.
La práctica recurrente en la región latinoamericana de usar la fuerza pública o el “garrote” para garantizar la seguridad y para resolver problemáticas tan añejas como el tráfico de drogas, la delincuencia organizada o la corrupción carcelaria, debe ser cuestionada como una solución viable, pues nos acerca a los autoritarismos (males recurrentes en América Latina), además de que no atiende los estragos de los malos gobiernos, la deficiente distribución de la riqueza y la corrupción.
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Referencias
Aramburú, R. (2020) Historia e instituciones del derecho romano, Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires.
Schmitt, C. (1985), La dictadura. Desde los comienzos del pensamiento moderno de la soberanía hasta la lucha de clases proletaria, Revista de Occidente, Madrid. Disponible en https://www.csis.org/analysis/constraining-states-exception#Spa
- No es la primera vez que Ecuador implementa esta medida, pues en agosto de 2023 el presidente en turno, Guillermo Lasso, realizó la declaratoria de emergencia por 60 días por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.[↩]
