Recientemente, el ministro Alberto Pérez Dayán emitió un voto de calidad para invalidar la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso en 2021. La representación de Morena en la Cámara de Diputados anunció un juicio político en contra del ministro.
“Por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie. No permitamos que esto se olvide o se confunda”, aseveró el ministro Alberto Pérez Dayán en su discurso para conmemorar el Día de la Constitución.
Cuánta relevancia tienen en estos momentos las palabras del ministro, pues recordemos que hace unos días el gobierno federal anunció que iniciaría un juicio político en contra del juez, a raíz del voto emitido en contra de la Ley de la Industria Eléctrica.
¿Cómo va a ser ilícito seguir aquello que nuestra Carta Magna nos dicta? ¿Qué no es deber de los ministros, y de cualquier juzgador o juzgadora, defender los preceptos constitucionales sobre todo lo demás?
El argumento es siempre el mismo: las decisiones que se tomen al interpretar la Constitución no pueden ir en contra de lo que dicte la democracia. Es decir, los órganos que interpretan la norma suprema siempre deben tener en cuenta la voluntad del pueblo sobre todo lo demás.
Por esta misma razón el gobierno en turno ataca con tanta facilidad al Poder Judicial. Sostiene que al invalidar las reformas los juzgadores y las juzgadoras no acatan la voluntad del pueblo y que siempre van en contra de la democracia y a favor de intereses personales.
Es cierto que la democracia es uno de los pilares del constitucionalismo moderno. Sin embargo, ante esta discusión sobre el poder de las mayorías siempre olvidamos y dejamos de lado los derechos fundamentales como la segunda gran fuerza que sostiene a la Constitución. No hay uno sin el otro.
La democracia, si bien es necesaria para el funcionamiento del Estado de derecho, no es infalible. Ya decía Winston Churchill que “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre con excepción de todos los demás.” Es necesaria, pero para que funcione y se proteja así misma se requieren límites que han sido establecidos por las normas.
Entonces, el argumento de inicio es falaz. Invalidar normas que van en contra de la Constitución no implica ir en contra del pueblo, pues ésta es la encargada de resguardar la democracia del mal que siempre ha querido agredirla: la tiranía de las masas.
Así, no hay democracia sin límites, ni límites sin Constitución. Por lo tanto, debemos aspirar a proteger nuestra norma fundamental sobre todo lo demás, frente a cualquier proyecto y ante cualquier injerencia política que pretenda restarle su valor.
