Las polémicas en las que se ha visto involucrado el titular del Ejecutivo federal por su política energética, así como por el reciente decreto que declara asunto de seguridad nacional las obras de infraestructura promovidas por su administración, obligan a una reflexión concienzuda sobre el futuro de nuestro país, no sólo a corto plazo, por los conflictos que se suscitarán con nuestros vecinos del norte al incumplir los acuerdos comerciales que hemos suscrito, sino también de cara a las amenazas ambientales para nuestra supervivencia como especie. De estos temas nos habla Edmond Grieger, abogado experto en derecho energético y ambiental, socio de la firma Von Wobeser y Sierra.
Me parece inevitable comenzar por la pregunta obligada en el escenario actual: ¿qué opinión tienes de las reformas en materia energética propuestas por el Ejecutivo federal?
Edmond Grieger – La iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales resta competitividad a México, no garantiza un medio ambiente sano, crea incertidumbre y pone en riesgo las condiciones para la inversión en el país. La iniciativa es consecuencia del fracaso del Ejecutivo en su intento por fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad a costa de la participación de la iniciativa privada en la industria eléctrica, mediante la emisión de diversos acuerdos administrativos del Ejecutivo, así como de la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, mismos que fueron impugnados mediante múltiples juicios de amparo por particulares afectados por estos actos de autoridad inconstitucionales.
¿Crees que se vaya a aprobar?
Edmond Grieger – Recientemente hemos tenido la oportunidad de dialogar, a través de distintas cámaras industriales y asociaciones, con legisladores del grupo parlamentario de Morena, a efecto de transmitir los argumentos técnicos y jurídicos acerca de por qué esta iniciativa de reforma constitucional no debería pasar en los términos en los que fue propuesta por el Ejecutivo federal, y hemos percibido apertura por parte de los legisladores de esta bancada. En el parlamento abierto que la Cámara de Diputados pretende garantizar próximamente continuarán escuchándose las voces de los distintos sectores que se verían afectados de aprobarse en sus términos la iniciativa de reforma energética, por lo que creo que es probable que sí se logren ciertos consensos para modificar los términos de la iniciativa.
Podría interesarte: Entrevista a Nora Cabrera, «Por una transición energética justa e inclusiva»
Estas reformas contradicen claramente los compromisos asumidos por México en los tratados comerciales, especialmente con Estados Unidos y con Canadá. ¿Es posible violar esos compromisos sin más? ¿Cuál sería la consecuencia?
Edmond Grieger – Si esta iniciativa de reforma se aprueba y se implementa en sus términos es previsible que numerosas empresas extranjeras valoren la opción de demandar al Estado mexicano conforme a los tratados comerciales que les corresponda ante tribunales arbitrales internacionales, exigiendo el pago de una indemnización por los daños y perjuicios que les cause la violación de sus derechos internacionales en materia de promoción y protección de inversión extranjera.
Esto tendría un impacto negativo en la reputación de nuestro país en el plano internacional, ya que se estaría afectando a los inversionistas actuales que han depositado su confianza en nuestro país y se estaría ahuyentando nueva inversión extranjera directa en México, incluyendo la inversión privada necesaria para redoblar el paso en la transición energética para mitigar los efectos adversos del cambio climático con el fomento de energías limpias y renovables para el país.
Edmond Grieger cuenta con amplia experiencia en asuntos de derecho energético y ambiental, área en la que ha asesorado a algunas de las más importantes empresas transnacionales, incluidas varias de Fortune 500.
Un análisis reciente calculaba en 85,000 millones de dólares el costo de las compensaciones a entidades privadas, indemnizaciones y litigios asociados con demandas en el caso de que se apruebe la reforma. Sin embargo, el presidente López Obrador insiste en señalar la corrupción de las multinacionales “afectadas” por la reforma.
Edmond Grieger – Los permisos de autoabastecimiento y de producción independiente fueron emitidos por la Comisión Reguladora de Energía a favor de entidades privadas con fundamento en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, hoy abrogada. Esta ley disponía, en su artículo 36, que quienes quisieran solicitar un permiso para fines de autoabastecimiento podrían constituir una sociedad cuyo objeto fuera la generación de energía eléctrica para satisfacción del conjunto de las necesidades de sus socios. Tal como sucedió, algunos particulares solicitaron sus permisos, en cumplimiento con lo dispuesto por la ley, por lo que no se puede hablar de corrupción, simulación o fraude a la ley.
El Ejecutivo federal también se ha pronunciado varias veces en contra de un “subsidio” o de la tarifa de “porteo tipo estampilla”, que consiste en una tarifa de transmisión preferencial que pagan los permisionarios generadores de energía limpia o renovable bajo esquemas de autoabastecimiento y cogeneración eficiente, esquemas previstos por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Esta tarifa preferencial se creó para incentivar la generación de energía limpia y renovable en el país. No obstante, en 2020 la administración federal intentó incrementar dicha tarifa entre 450 y 700%, lo cual fue objeto de múltiples juicios de amparo. Si bien es cierto que este incentivo para producir energías limpias y renovables no había sido actualizado durante varios años de forma proporcional a las necesidades del sistema eléctrico nacional, un incremento de esta magnitud volvería inviable la generación de energía mediante dichos proyectos, lo que afectaría a inversionistas, generadores y consumidores.
¿Hay un punto medio en esta polémica? ¿Quién tiene la razón?
Edmond Grieger – Un punto medio podría ser llegar a un consenso para realizar una actualización proporcional, razonable y gradual de las tarifas de transmisión de “porteo tipo estampilla” y los ingresos obtenidos podrían ser invertidos por la Comisión Federal de Electricidad para infraestructura en líneas de transmisión y distribución que tanto necesita nuestro país.
¿Cuál es la consecuencia de la eventual desaparición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la reintegración del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a la Comisión Federal de Electricidad?
Edmond Grieger – Al eliminar a los órganos reguladores coordinados del sector energético, como la CRE y la CNH, y al incorporar al CENACE a la Comisión Federal de Electricidad, se estaría afectando gravemente la libre competencia en el sector, se crearía incertidumbre a los inversionistas y se dejaría de garantizar la autonomía técnica y de gestión de los mismos, lo cual es fundamental para contar con una industria eléctrica competitiva que asegure las mejores condiciones a los usuarios finales, que somos todos los consumidores residenciales, comerciales e industriales de energía eléctrica en el país.
Edmond Grieger ha sido reconocido como abogado destacado por Chambers and Partners Latin America, The Legal 500, Latin Lawyer 250, Latin Lawyer National, IFLR1000, Who’s Who Legal Mexico, Energy & Infrastructure Latin America y Benchmark Litigation.
Como experto en licitaciones públicas, ¿qué posición tienes respecto de la política de adjudicación directa que ha caracterizado a esta administración, especialmente en las grandes obras de infraestructura que tanto se presumen?
Edmond Grieger – Lo que hemos visto en la actual administración federal es que se privilegia la contratación pública a través de los supuestos de excepción a los procedimientos de licitación pública; esto es, la primera opción es proceder con invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, independientemente de la magnitud de la obra, adquisición o prestación de servicio, lo cual evidentemente no es lo que mandata nuestra Constitución federal y, por ende, tampoco son los mecanismos idóneos para garantizar procedimientos de contratación transparentes que aseguran las mejores condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad para el Estado.
Podría interesarte: «Adolfo López Mateos y la industria eléctrica»
¿Qué opinas del reciente acuerdo por el que se declara asunto de seguridad nacional las obras de infraestructura promovidas por el Ejecutivo?
Edmond Grieger – La finalidad del acuerdo es permitir la realización de obras de infraestructura al gobierno federal sin necesidad de obtener los permisos y las autorizaciones necesarios para ese propósito. De igual manera, el Ejecutivo federal podrá reservar de forma temporal toda la información relacionada con esas obras, con lo cual evidentemente su gestión no sería transparente ni verificable.
Es una situación muy preocupante, ya que se estarían otorgando autorizaciones provisionales en un plazo máximo de cinco días hábiles y en caso contrario se considerarán resueltas las solicitudes de permisos en sentido positivo. Aquí debemos incluir todo tipo de autorizaciones; entre ellas, autorizaciones ambientales y de impacto social, lo cual conllevaría que obras de infraestructura con un importante impacto ambiental y social puedan ser llevadas a cabo por el gobierno federal sin necesidad de contar con las autorizaciones y los permisos requeridos en los términos de las leyes promulgadas para ese efecto, violentando flagrantemente de ese modo el Estado de derecho que debe prevalecer en nuestro país.
De aprobarse en sus términos, la iniciativa de reforma energética restaría competitividad a México, crearía incertidumbre, provocaría disputas internacionales, ocasionaría impactos directos en el costo de bienes y servicios finales de todos los sectores económicos e impediría una transición energética sostenible.
– Edmond Grieger
¿Qué futuro vislumbras para las energías renovables en México?
Edmond Grieger – De aprobarse en sus términos la iniciativa de reforma constitucional del sector energético, desaparecerían prácticamente de un plumazo todos los incentivos actuales para la generación y el consumo de energías renovables en nuestro país; se cancelarían los certificados de energía limpia para energías renovables y limpias; se modificaría el orden de despacho privilegiando la generación de energía con fuentes fósiles y más contaminantes, desplazando la generación con energía renovable, y también se cancelaría la mayoría de los permisos de generación bajo el esquema de autoabastecimiento que fueron otorgados a centrales de energías renovables que gozaban del incentivo de la tarifa preferencial de transmisión “porteo tipo estampilla”.
Con estas acciones el Estado mexicano estaría contraviniendo múltiples compromisos internacionales para contribuir en los esfuerzos globales que tienen como objetivo mitigar los efectos adversos del cambio climático; entre otros, el Capítulo 24 “Medio Ambiente” del T-MEC, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. México no podrá cumplir con las metas trazadas por la Ley de Transición Energética y por la Ley General de Cambio Climático para que en 2024 el 35 por ciento de la generación de energía eléctrica provenga de fuentes de energías limpias y renovables.
Finalmente, ¿cuáles son los temas ambientales que más deben preocupar al gremio en estos momentos y qué medidas se deben tomar al respecto?
Edmond Grieger – En 2016 México ratificó el Acuerdo de París, comprometiéndose a reducir 22 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 2030 respecto de su línea base. Con el objeto de que el país pueda alcanzar esta meta se reformó la Ley General de Cambio Climático para crear un Sistema de Comercio de Emisiones (SCE). Este sistema funciona en apego al principio “tope y comercio” (cap and trade). El gobierno federal impone un límite de emisiones de GEI en ciertos sectores, que irá disminuyendo con el paso del tiempo para que, en consecuencia, se reduzcan las emisiones de GEI. Las empresas deberán contar con permisos por cada tonelada de emisiones de GEI que liberen a la atmósfera, y si no tienen suficientes permisos, deberán reducir sus emisiones o comprar permisos a otras empresas, que a su vez tendrán que reducir sus emisiones.
A la fecha el programa piloto del SCE no prevé multas ni pago por derechos de emisión, pues su propósito es que los participantes del mercado conozcan primero cómo funciona. En ese sentido, debemos continuar orientando legalmente a los inversionistas extranjeros y nacionales en el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable a sus actividades y concientizarlos acerca de los importantes beneficios ambientales y sociales que pueden generarse como consecuencia de su cumplimiento.
