El compliance en una organización o una empresa implica supervisar la observancia de toda la normativa a la que están sujetas aquéllas, desde regulaciones externas (como las legales y las económicas) hasta reglamentos internos (como los relacionados con los compromisos con el cliente). Sin embargo, esta preocupación por el cumplimiento también debe prevalecer en las entidades de la administración pública. Jorge Luis Martínez Ocampo, director de Martínez Ocampo & Chávez Vaca, explica la actividad que sobre este tema desarrolla su firma con gobiernos a nivel local y federal.
De un tiempo a la fecha se ha puesto de moda hablar de compliance. ¿Cómo definiría este concepto?
Hablar de compliance significa alertar, prevenir y mitigar riesgos, garantizando el correcto funcionamiento del manejo y el destino de los recursos, así como evitando pérdidas financieras e, incluso, la reputación. En síntesis, consiste en establecer estándares de buenas prácticas y códigos de conducta.
En este sentido, es de vital importancia contar con la asesoría y la colaboración de un especialista en compliance para garantizar procesos transparentes, válidos y verificables. Esto resulta aún más relevante para servidores públicos en funciones y electos.
¿Por qué decidió especializarse en compliance en la administración pública?
Mi experiencia en el seguimiento, control y asesoramiento de responsabilidades a entes gubernamentales, desde áreas básicas hasta áreas financieras y públicas, se desarrolló a partir de que vislumbré las problemáticas que afectan la reputación de un servidor público, como la corrupción por el mal manejo de recursos y falta de control en el seno de las administraciones públicas. Por eso me he enfocado en este ámbito para contribuir a evitar responsabilidades de los servidores públicos o de las personas políticamente expuestas.
¿Qué acciones se llevan a cabo para proteger a las personas políticamente expuestas?
Este sector es susceptible de tener un conflicto en cualquier ámbito de la gestión o fuera de ella, por lo que cada sistema de integridad pública cuenta con un amplio campo que se ajusta a las necesidades particulares. Algunas de las acciones que realiza el compliance tienen que ver con la prevención del lavado de activos y con otros ilícitos en materia no sólo financiera sino también administrativa en cualquier área del gobierno.
¿Qué entiende usted por sistema de integridad pública?
El cumplimiento de toda la normativa a la que se ve sujeta la administración pública, desde regulaciones externas (como las legales y las económicas) hasta reglamentos internos. Nuestra actividad de compliance permite inhibir alertas, riegos, sanciones o amenazas, a través de liderazgos, cultura y política anticorrupción, así como mediante la implementación de controles.
La premisa para que este sistema funcione es que se haya construido con base en las necesidades de cada gobierno y que se mantenga en actualización constante, ya que las necesidades van cambiando y debemos adecuarnos para que el sistema realmente sea eficaz.
¿Cuáles son los elementos clave para que funcione este sistema?
Para hablar de un proyecto exitoso, son básicas la continuidad, la renovación y la capacidad de adherirse a las nuevas tecnologías.
Además, debe existir coordinación: que haya coadyuvancia entre el especialista y las autoridades y que se tomen en cuenta las herramientas que aportan las nuevas figuras jurídicas.
¿Ha percibido resistencia de los actores públicos hacia el trabajo que usted y sus colaboradores realizan al implementar controles que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas?
Si un gobierno o algún ente institucional establece contacto con nosotros es porque tiene interés y deseo de colaborar para lograr mejores resultados. Nosotros no partimos de la imposición, sino de la propia participación, de una cultura de cambio en la forma de desempeñar los cargos.
También es indispensable hablar del recurso humano. La capacitación, la coordinación y el trabajo en equipo son fundamentales y necesarios para el logro de los resultados.
Una vez que han establecido sistemas de control y seguimiento, ¿cómo se aseguran de que los usuarios del sistema no incurran en faltas o responsabilidades? ¿Se ofrece alguna certificación oficial?
Para tener una eficacia del 100 por ciento tendríamos que hablar de una ciencia exacta. Desafortunadamente, en nuestra disciplina no podemos hablar de eficacia total. Sería irresponsable de mi parte señalar que por ofrecer un sistema integral erradicaríamos las faltas o las irresponsabilidades de los entes de gobierno y de los funcionarios que desempeñan los cargos.
De lo que sí estamos convencidos es de que al contar con un sistema integral las probabilidades de incurrir en una falta disminuyen de manera considerable, lo mismo que los señalamientos a los entes públicos. Diría que hay una especie de blindaje que tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica.
¿Cuáles son los aspectos centrales del modelo que implementa en las administraciones públicas?
Son básicamente cuatro aspectos: 1) blindaje de personas para que se desempeñen con integridad en el sector público, 2) transparencia en los procesos y efectiva rendición de cuentas, 3) contención oportuna y estratégica de personas en riesgo y 4) manejo correcto de la información para la defensa estratégica y adecuada.
¿Qué diferencias advierte en la implementación de su programa en los niveles federal, estatal y municipal?
El programa brinda la misma efectividad, tanto para el orden federal como para el estatal y el municipal. Lo importante es realizar un buen diagnóstico y elaborar un programa que atienda las necesidades del entorno de que se trate, sin que el orden de gobierno influya en la efectividad.
Finalmente, ¿qué participación tiene la sociedad civil en los proyectos que su firma desarrolla para apoyar a los gobiernos en la lucha contra la corrupción?
La sociedad sin duda es un pilar importante para romper la cadena de corrupción, desde lo más básico: en casa se deben inculcar valores para que la cadena de buenas prácticas se reproduzca. Aunque parezca que no, las pequeñas acciones producen grandes cambios.
Y también la sociedad debe sentir confianza de acercarse a las autoridades para esclarecer sus dudas e inquietudes. Desde luego, nuestro modelo y las herramientas que proporcionamos son de gran apoyo en ese aspecto.
Jorge Luis Martínez Ocampo es especialista en temas de delitos fiscales y derecho penal empresarial. Asimismo, ha realizado diplomados sobre delincuencia organizada, lavado de dinero, insolvencia, concursos mercantiles y compliance penal, entre otras áreas.
Contamos con un grupo de programadores altamente capacitados para estar a la vanguardia en el aspecto tecnológico. Las plataformas digitales llevan de la mano a nuestros clientes, además de que les ofrecemos capacitación y acompañamiento especializado. Ahí está nuestra diferencia: participamos como equipo de trabajo en el área laboral donde nos desenvolvemos. Y además estamos en constante interacción con actualizaciones, tomando en cuenta sistemas normativos internacionales y nuevas herramientas que surgen día con día.
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