Retos y oportunidades desde la visión de una juzgadora
Con un lenguaje accesible para todo el público interesado en adentrarse en los vericuetos de la tarea de juzgar, la magistrada Lilia Mónica López Benítez –en su libro Reflexiones sobre la justicia– nos ofrece su perspectiva sobre las tareas más apremiantes que tenemos en la construcción de una sociedad verdaderamente igualitaria y justa.
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Al hablar de la Constitución de 1917, destaca su diseño vanguardista y la incorporación que hizo de los derechos sociales. Sin embargo, también menciona que en la actualidad se evidencia su carencia de sistematización y sus fallas metodológicas. ¿En qué consiste la reingeniería que necesita nuestra Constitución?
La Constitución de 1917 ha tenido más de 700 reformas a lo largo de su existencia, modificando los ideales y los anhelos de la voluntad general. Podemos decir que si bien el Constituyente de 1917 plasmó las aspiraciones de un México que transitaba de la premodernidad latifundista a una modernidad con mejores condiciones sociales, hoy apreciamos un texto supremo que tiene muy clara la arquitectura del Estado mexicano, pero requiere leyes secundarias para enfocar los aspectos técnicos y metodológicos que norman las instituciones públicas y gravitan sobre nuestra vida colectiva. Se puede decir que la Constitución requiere el fortalecimiento de las instituciones del Estado para evitar los vaivenes que se presentan de facto.
¿Cómo entender la justicia hoy, en una sociedad polarizada en la que abundan las etiquetas: buenos y malos, ricos y pobres, honestos y corruptos?
La justicia no tiene adjetivos. Se dice de la justicia que es imparcial, pero cuando hablamos de ella nos referimos a elevar las condiciones materiales y de justicia-justa para todas las personas sin distingo. Por justicia no entendemos necesariamente tasar lo que a cada uno corresponde por derecho, sino si ese derecho también es compatible con el bien común. Por eso comentaba en la pregunta anterior que el reto es reforzar la misión y los objetivos de las instituciones del Estado, ya que de ello depende que la discusión política se encuentre en un umbral democrático mínimo para evitar misiones y visiones que no estén debidamente encuadradas en proteger los derechos humanos de los gobernados, en elevar sus condiciones de bienestar mediante los programas de los sectores económicos y de salud, o bien en satisfacer, mediante la educación, las condiciones de vida y las potencialidades de la ciudadanía.
También aborda la reforma al sistema penal realizada en 2008. ¿Qué retos representa la reforma para los juzgadores en el marco del problema de delincuencia organizada que vive nuestro país?
La reforma al sistema de justicia penal se encuentra en una etapa de consolidación. Para lograr el objetivo es necesario que todas las personas que operan ese sistema de justicia lo conozcan a fondo, pero también es innegable que la participación ciudadana es indispensable para avanzar hacia el objetivo y no crear los rezagos que tanto daño causaron al sistema inquisitivo.
¿Cuál es el perfil idóneo para los impartidores de justicia?
No podemos señalar que el perfil idóneo de los juzgadores sea el mismo en 1917, en 2011 o en 2021. Hemos construido un andamiaje jurídico intrincado, pero necesario y, por ende, se requiere de personas especialistas dentro de las diferentes ramas del derecho. Vale la pena decir que si la técnica jurídica es una sola, los temas que afectan a quienes solicitan justicia son disímbolos y se deben analizar caso por caso. Así que el reto actual de las juzgadoras y los juzgadores es estar al día en los estándares de protección de los derechos humanos, pero también estar conscientes de que su acción jurídica afecta otras realidades sociales; por ende, la función es tan sensible que se puede impartir justicia en un caso agravando otros. Afortunadamente contamos con décadas de jurisprudencia nacional e interamericana que permite mayor comprensión de la constitucionalidad y de la realidad de todas las acciones que la ley sanciona, así como con la posibilidad del análisis convencional, herramientas de gran valor para quienes juzgamos y que a la par dotan de certeza a quienes acuden a los órganos jurisdiccionales en busca de justicia.
Cada vez se subraya más la necesidad de juzgar desde una perspectiva de género. ¿Qué avances concretos destacaría y qué pendientes quedan aún?
Sobre el tema todavía hay mucho por avanzar. Hace un momento comentaba sobre la sensibilidad de quien juzga lo que de suyo es importante, aunque de manera concomitante se requiere analizar los asuntos con una visión ampliada que sólo la perspectiva de género aporta. Hacer realidad el derecho a la igualdad no es sencillo porque debe traspasarse la frontera de los hechos al contexto que rodea el punto litigioso por resolver y de ahí partir a un estudio diferenciado que aborda la metodología que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delineado. Una herramienta útil al efecto es el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, editado en 2020.
En su libro, Reflexiones sobre la justicia, habla de la impunidad que prevalece ante las violaciones a los derechos de las personas en los sectores más vulnerables de la sociedad, en concreto de niños y jóvenes. ¿Hacia dónde debemos transitar para sacarlos del olvido en que se encuentran?
Considero que podríamos hablar de dos temas fundamentales: educación y oportunidades. Sin el primero difícilmente transitaremos hacia el segundo. Mi gran ilusión es lograr un piso parejo para la niñez y la juventud. Para conseguirlo, el legislador debe reorientar los objetivos de la educación para que las oportunidades de la niñez y de la juventud sean concretas, como más empleo y mejor remunerado y accesibilidad a los pisos superiores de la educación, y, por otro lado, quienes juzgan deben fallar siempre en función del interés superior de niñas, niños y adolescentes, refiriéndome a su protección psicosocial, afectiva y material, dentro y fuera del núcleo familiar. Es pertinente valorar ciertas situaciones que lesionan aquel interés, como el abuso infantil, la explotación sexual y la violencia familiar. Estos vicios reprobables jurídica y moralmente hablando se deben erradicar.
¿Y en cuanto a los migrantes?
Todo un tema aparte. He tenido la oportunidad de vivir de cerca su realidad y verdaderamente es muy dura. Por cada paso que dan se alejan más de sus raíces, de su historia de vida, de sus afectos. Se convierten en espectros que luchan por sobrevivir en condiciones adversas, con la esperanza de encontrar un mejor nivel de vida. Pocos lo logran. Debemos ser sensibles: apoyar y dignificar para no discriminar.
Hay que limitar las causas del desplazamiento migratorio que sucede porque las condiciones de vida de los pueblos de origen no son las adecuadas. La situación empeora cuando a la pobreza material y emocional se adhieren la violencia política, la delincuencia organizada y otros flagelos que generan el desplazamiento de pueblos completos a otros lugares con otra serie de problemas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha documentado recientemente que hay más de 80 millones de seres humanos desplazados, de los cuales 12 millones son infantes. Aquí el tema de atención inmediato es reforzar y honrar los mecanismos de cooperación internacional para que la Organización de las Naciones Unidas y los países afectados trabajen a la par resarciendo y no paliando los problemas sustantivos que afectan a las personas desplazadas.
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Finalmente, en su libro, Reflexiones sobre la justicia, dedica un apartado a la justicia electoral. ¿Qué desafíos presenta la elección que estamos viviendo? ¿Tenemos instituciones democráticas sólidas? ¿Cómo vislumbra el panorama después del 6 de junio?
Los pilares fundamentales de la democracia son dos. El primer pilar se refiere a la democracia del sufragio que permite a las acciones políticas definir los proyectos populares y ganadores, pero sería un error creer que la democracia termina ahí. Para eso el otro pilar es la democracia de la deliberación, que permite a gobernantes y gobernados analizar permanentemente las realidades y las alternativas para elevar el bien común. El ejercicio de reflexión política es esencial y está potenciado por el papel de los medios de comunicación masiva y, en estos tiempos, mediante el uso de las plataformas sociales en internet que admiten el pluralismo ideológico y una discusión potente y necesaria. Cabe señalar que el tipo de pluralismo que se busca, el pluralismo admisible socialmente hablando, es aquel que es razonable y racional. Un antiejemplo de lo anterior consiste en promover ideas que atacan la igualdad de género, que hacen apología de la violencia contra mujeres, niños y otros sectores en situación de riesgo. Un ejemplo de pluralismo razonable y racional radica en el común denominador de proteger a las instituciones democráticas y a sus resultados. En el caso de los juzgadores, el pluralismo razonable y racional es el pan nuestro de todos los días, porque al emitir sentencias se delibera en función de los intereses de las discriminadas y los vulnerables, dejando un precedente democrático sobre lo que se espera del buen comportamiento social para lograr metas personales sin perjuicio de los intereses del resto de los miembros de la sociedad.
