Los mecanismos para combatir e impedir el incremento de la temperatura global son ampliamente conocidos y ahora las sociedades y sus gobiernos se proponen impulsar medidas para mitigar sus efectos. En este contexto, los propietarios y los poseedores de la tierra desempeñan un papel fundamental en México: son responsables de la adecuada gestión de bosques, selvas, humedales y litorales y del variado tipo de ecosistemas que existen en el país que lo distinguen como uno de los más biodiversos del mundo.
Los mecanismos para combatir e impedir el incremento de la temperatura global son ampliamente conocidos y ahora las sociedades y sus gobiernos se proponen impulsar medidas para mitigar sus efectos. Por un lado, destacan aquellos que implican la eliminación de las fuentes de energía provenientes de combustibles fósiles, dando paso a las energías de fuentes naturales o limpias, y, por el otro, la carrera por mantener las coberturas vegetales existentes, realizando importantes esfuerzos institucionales con el fin de conservar las superficies de bosques, selvas y humedales, y proteger todos los ecosistemas, como una forma para garantizar la captura de carbono del CO2 presente en la atmósfera.
En este contexto, los propietarios y los poseedores de la tierra desempeñan un papel fundamental en México. Son responsables de la adecuada gestión de bosques, selvas, humedales y litorales y del variado tipo de ecosistemas que existen en el país que lo distinguen como uno de los más biodiversos del mundo. No obstante, sufre pérdidas constantes por cambios en el uso de suelo, como consecuencia de la expansión de las actividades agropecuarias, principalmente. De acuerdo con la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, en México —hasta el año 2020– la pérdida neta anual de la cubierta vegetal se proyectó en 127.7 mil hectáreas.
No obstante que se cuenta con una legislación agraria que prevé las condiciones necesarias para llevar una gestión estable de los recursos comunes, las fallas persisten debido a que, en gran medida, el cumplimiento de las disposiciones legales es deficiente.
Gran parte de los recursos naturales y de la riqueza de la flora y la fauna de México se concentra en los ejidos y las comunidades. De acuerdo con datos del Registro Agrario Nacional, 50.7 % de la propiedad nacional se halla en manos de ejidatarios y comuneros, integrados en 32,202 ejidos y comunidades, de los cuales, 29,793 ejidos y 2,409 comunidades ocupan, en conjunto, una superficie de 99,729,008 hectáreas. El resto de la propiedad nacional se encuentra distribuida de la siguiente manera: propiedad privada, 42.8%; colonias agrícolas y ganaderas, 2.2%; terrenos nacionales, 0.6%, y otros, 3.6%, que, en general, corresponde a la propiedad pública.
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Las tierras en el interior de los ejidos y las comunidades se dividen en tierras de asentamientos humanos, tierras parceladas y tierras de uso común (TUC), que representan 1.3, 33.5 y 65.2 por ciento, respectivamente, del total nacional. De los 32,202 núcleos agrarios, sólo 21,326 cuentan con TUC en el interior, cifra que representa 66 % del universo total. Es decir, 10,876 núcleos agrarios están constituidos sólo por tierras parceladas y/o asentamientos humanos, situación que los coloca a unos pasos de su eventual desaparición.
Dos características distinguen a las TUC de manera sobresaliente: la primera, concentran gran parte de los volúmenes de recursos naturales disponibles en el país, así como de la biodiversidad, y, por supuesto, de las zonas donde se generan en gran medida los servicios ambientales. La segunda característica consiste en que las TUC están sujetas a decisiones colectivas, es decir que su manejo y su administración dependen de grupos de ejidatarios y comuneros, quienes deciden cómo, cuándo y de qué manera llevar a cabo su aprovechamiento; incluso, terminar con el uso común, haciendo el cambio de destino de las tierras; por ejemplo, para agricultura, para ganadería extensiva, para equipamiento urbano o para desarrollos habitacionales.
El 58.5 % de los bosques y las selvas están ubicados en ejidos y comunidades; 54 % de las áreas naturales protegidas de competencia federal se encuentra en propiedad ejidal y comunal; 52 % de las estatales y 61 % de las municipales. Un total de 4,266,160 hectáreas de humedales, que representan 42 % de estos ecosistemas, se hallan en propiedad ejidal y comunal, distribuidas en 8,276 núcleos agrarios. Gran parte de esta riqueza natural —a la que se tiene que agregar la étnica y cultural de la población que habita en los núcleos agrarios— se localiza en las TUC.
La expansión de la frontera agrícola, las invasiones, las ventas irregulares y el fraccionamiento formal o de hecho son las principales amenazas que resienten las tierras de uso común. Por ejemplo, el artículo 59 de la Ley Agraria establece que “será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales”, situación recurrente y altamente preocupante porque no se respeta esa disposición legal, cuyo mayor efecto es el cambio del uso de suelo, pues pasa de ser forestal, selvático, humedal, pastizal o de conservación, a suelo destinado a actividades agropecuarias, o bien, a obras de infraestructura, vivienda, industria, turismo o extracción de minerales o materiales de pétreos, motivado por lo regular por alcanzar, en corto tiempo, una mejor renta económica.
Se advierte un débil acompañamiento institucional dirigido al fortalecimiento interno de los núcleos agrarios que propicie la toma de acuerdos, el consenso y la toma de decisiones respecto del uso y el destino de las tierras de uso común.
No obstante que se cuenta con una legislación agraria que prevé las condiciones necesarias para llevar una gestión estable de los recursos comunes, las fallas persisten debido a que, en gran medida, el cumplimiento de las disposiciones legales es deficiente.
Se advierte un débil acompañamiento institucional dirigido al fortalecimiento interno de los núcleos agrarios que propicie la toma de acuerdos, el consenso y la toma de decisiones respecto del uso y el destino de las tierras de uso común. En general, existe una deficiente reglamentación para su uso o aprovechamiento y un déficit en la actualización de los órganos de representación y vigilancia encargados de garantizar el cumplimiento de acuerdos de la asamblea y de la actualización del padrón de los titulares de derechos. Asimismo no hay una práctica generalizada para imponer sanciones a quienes violenten las reglas de uso de las TUC.
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Si se realiza un acercamiento a lo que sucede en cada núcleo agrario, asamblea, acuerdo y decisión que se toma respecto de las TUC, se advierte que, en cierta medida, parte de nuestro futuro se juega en ese espacio. La acción estratégica consistiría en lograr que la mayoría de los núcleos agrarios tomase acciones para que, en todo caso, si así lo deciden sus asambleas, aprovechen de manera racional y sustentable sus TUC.
En general, existe una deficiente reglamentación para su uso o aprovechamiento y un déficit en la actualización de los órganos de representación y vigilancia encargados de garantizar el cumplimiento de acuerdos de la asamblea y de la actualización del padrón de los titulares de derechos.
Es prioritario y urgente desarrollar una política pública ambiciosa diseñada para atender este problema. La fórmula ya es conocida porque opera en varios ejidos y comunidades organizados; la labor sería detonar el resorte que disparase el interés de los ejidatarios y los comuneros para cuidar y realizar un aprovechamiento sustentable de la tierra de uso común —de manera específica de aquellas grandes extensiones ricas en recursos naturales— y que desincentive el cambio de uso de suelo que presiona esta última frontera cada vez más alejada, debido a la expansión de las actividades humanas que han impactado y propiciado la desaparición gradual de los ecosistemas.
La tarea consistiría en trabajar directamente en las asambleas, con los tomadores de decisiones, ayudando a fortalecer su organización interna, capacitando e informando a sus integrantes en relación con el papel que desempeñan las tierras y los recursos naturales que poseen en la solución de los problemas ambientales presentes y futuros que nos afectan a todos.
