Graciela Rodríguez: En defensa de los derechos humanos

La defensa de los derechos humanos se puede hacer desde trincheras diversas. En el contexto de un México que se sumerge en una vertiginosa crisis de violencia, ¿qué implicaciones tiene defenderlos con base en el litigio? Graciela Rodríguez Manzo nos comparte su experiencia y algunas anécdotas que nos ayudan a dilucidar y a reflexionar acerca de la complejidad y los riesgos del litigio estratégico.

Graciela Rodríguez Manzo es consultora independiente de distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Estudió la maestría en derechos fundamentales en la Universidad Carlos III de Madrid y la licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho, donde es profesora titular de la cátedra sobre derechos humanos. Fue directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C.

Experiencia con el aparato de justicia

Graciela Rodríguez – Me he dedicado al litigio estratégico que busca atender las causas que generan las violaciones de derechos humanos. En ese sentido, he estado trabajando con el amparo; por ejemplo, en tribunales colegiados, en juzgados de distrito y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, litigando ante estas instancias y también en el ámbito internacional. 

El encuentro del litigio en materia de derechos humanos y el sistema judicial mexicano no es sencillo. En realidad, para avanzar en la protección y la garantía de los derechos humanos se necesita mucho tiempo. Es indispensable estar picando piedra, porque uno se enfrenta a muchos obstáculos para el acceso a la justicia, que van desde causales de procedencia hasta requisitos formales que impiden llegar al fondo del asunto. Ese es el gran reto que se tiene, sobre todo actualmente, en materia de amparo, para poder avanzar en la agenda de los derechos humanos y garantizar una protección progresiva de esos derechos. 

En términos generales, sí se puede avanzar, pero el avance es muy lento y el camino está lleno de obstáculos. Y cuando finalmente se logra avanzar en una causa, se genera un precedente judicial que tiene la capacidad de cambiar la situación de las personas. 

Dificultades como persona defensora

Graciela Rodríguez – La mayor dificultad se experimenta cuando uno invierte muchísimo tiempo, energía y ganas; cuando se tiene la razón jurídica (pues el Derecho y los precedentes respaldan el caso que se está litigando), pero se recibe una sentencia desfavorable que, además de infundada e inmotivada, es totalmente contraria a Derecho. Esto, más allá de lo que implica para uno, también influye en las víctimas a las que uno está acompañando y puede generar en ellas una fuerte desilusión. 

A partir de este obstáculo se entiende que los casos no solamente se resuelven con base en el Derecho, sino que muchas veces, aunque se tenga la razón jurídica, la situación, el contexto y muchas otras variantes pueden influir para que no pueda avanzarse en la protección de los derechos humanos. Eso, uno, como abogada o abogado, defensora o defensor de derechos humanos, lo va aprendiendo poco a poco. Pero es muy fuerte el impacto que puede generar en las víctimas a las que uno acompaña, reitero, y es muy difícil tratar de transmitirles —de por sí ya han pasado por mucho sufrimiento— que, a pesar de que tenían la razón, no se las dieron, y que hay que seguir esperando porque de alguna manera uno tratará de revocar la resolución, lo cual será un proceso tardado.

El caso más difícil

Graciela Rodríguez – El caso más difícil que he litigado tiene que ver con un tema de discriminación. Se trata de algunos militares quienes, al ser diagnosticados seropositivos del VIH, automáticamente fueron dados de baja de las Fuerzas Armadas. El impacto que una situación así puede generar en las personas es brutal. Ese fue un caso muy complicado, por lo que implica el hecho de que personas que se enlistan en las Fuerzas Armadas, con todo un proyecto de vida, de pronto, por un motivo de discriminación, sean dadas de baja. Este asunto duró muchísimos años y no se resolvió internamente de manera favorable, sino que tuvimos que acudir, después de mucho tiempo, a instancias internacionales, en específico al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La desesperación de las víctimas por no conseguir los medicamentos para evitar que el sida se desarrollara y que nada más se quedaran como ceropositivos, y el solo paso del tiempo, fue algo muy desgastante, no solamente para ellos, sino también para mí como defensora, pues tenía la responsabilidad de solucionar ese caso lo más pronto posible para evitar una afectación grave a la salud de esas personas.

Finalmente, el asunto se resolvió de forma amistosa con el Estado, después de muchos años, y por fortuna se logró una reparación integral del daño para las víctimas que les garantizó el acceso a la salud universal por el resto de su vida.

Investigación y docencia en la protección y defensa de los derechos humanos

Graciela Rodríguez – Cuando se concibió lo que hoy se conoce como litigio estratégico en materia de derechos humanos, fue simplemente como estrategia de litigio que tiende a atacar las causas de las violaciones a los derechos humanos desde una perspectiva absolutamente jurídica. Y la verdad es que el contexto y la experiencia de muchos años de práctica del litigio estratégico nos han enseñado que éste no se realiza solamente con base en el Derecho; también se requiere una defensa estratégica de los derechos humanos. Ahí la investigación es fundamental porque permite analizar el contexto en el que se encuentra un caso. Conocer el contexto ayuda a generar estrategias de litigio totalmente distintas a las que podría recurrir la defensa de un caso aislado.

La investigación resulta fundamental para el litigio; acompañar la defensa con una estrategia de comunicación clara que pueda impulsar lo que uno está tratando de defender y el argumento que uno está tratando de colocar, es muy importante. Aunado a eso, el acompañamiento a la víctimas no se realiza nada más desde una perspectiva jurídica, pues en muchas ocasiones ésta choca frontalmente con la perspectiva de las víctimas y con sus expectativas.

Personas defensoras y educación en Derecho

Graciela Rodríguez – La formación jurídica es muy cuadrada: no tiene una perspectiva de derechos humanos; al menos todavía no. Y digo que todavía no la tiene porque ese es justamente el cambio de paradigma que se buscó desde la reforma de 2011 con la incorporación del bloque de constitucionalidad, que hace que los derechos humanos se conviertan en parámetro de todo, lo cual implica de alguna manera formar a los abogados desde esta perspectiva, porque ya todo pasa por el tamiz de los derechos humanos.

Claro, esto fue en 2011. Ya pasaron 10 años y allí vamos, pero todavía desde la perspectiva de la educación jurídica falta mucho por hacer. La técnica jurídica es fundamental y debe ayudar en la defensa estratégica de los derechos humanos y apoyar al defensor de derechos humanos que acompaña a las víctimas, que participa en movimientos sociales, que se entrevista con las autoridades. Esta es una experiencia riquísima, que un abogado no aprende en las aulas. Sería ideal que uno como víctima pudiera promover un amparo sin necesidad de esa técnica jurídica. Ese es el mundo ideal, y eso es lo que tendríamos que aprender y lo que los precedentes internacionales están buscando hacer. Pero eso no sucede en México, por el momento. 

Educación y perspectiva de género

Graciela Rodríguez – Las juventudes son la población objetivo; las y los estudiantes de Derecho, específicamente. No porque las otras disciplinas no importen, pues, insisto, la multidisciplina es fundamental, pero las personas que están estudiando Derecho y que van a utilizar esta herramienta para la defensa de sus clientes y para dedicarse al tema de derechos humanos, tienen mucha chamba. No sólo desde la perspectiva de género, sino desde la perspectiva de igualdad y con un enfoque diferenciado; no solamente en relación con el género, sino en relación con todas las personas que de alguna forma están en una situación de vulnerabilidad porque sufren discriminación estructural.

Las y los estudiantes tienen la capacidad de mover al país de forma importante y eso hay que aprovecharlo. Es decir, son las juventudes, las personas que tienen acceso a la educación, las cuales constituyen un número reducido, las que pueden formar un frente y generar cambios acompañando a movimientos, a colectivos feministas y de madres buscadoras, a colectivos que se dedican a la defensa de las personas migrantes y de las personas privadas de la libertad. 

La experiencia nos enseña que estos cambios y esta cultura de paz no provienen del gobierno, sino de la organización de los colectivos de víctimas, en conjunto con estudiantes y organizaciones de la sociedad civil. Si volteamos a ver a Guatemala, por ejemplo, quienes forman la Comisión Internacional contra la Impunidad son los colectivos de víctimas, acompañados por los movimientos estudiantiles, de la sociedad civil y de las familias.

Esa experiencia, además, tenemos que utilizarla para construir una cultura de paz. No puede haber paz mientras no haya verdad, mientras no haya memoria, mientras no haya acceso a la justicia, mientras no haya reparación integral. La cultura de paz se construye a través de la exigencia de mecanismos extraordinarios —conocidos como mecanismos de justicia transicional— que deben implementarse en contextos como en el que se encuentra México, con una crisis humanitaria sin precedentes. Y las voces estudiantiles son las que pueden difundir ese mensaje.

Podría interesarte: «Beatriz Magaloni: Premio Estocolmo en Criminología 2023»

Derechos humanos y seguridad

Graciela Rodríguez – Estos elementos no se contraponen. La seguridad no implica la violación de derechos humanos bajo ningún concepto. Este es un mito creado desde que empezó esta guerra, este conflicto armado no reconocido todavía, según el cual, si queremos combatir el crimen organizado, se tiene que hacer de todo, independientemente de lo que implique. No, no y no. Si se hace así, lo único que se genera es más violencia y se produce una espiral interminable. La política pública de seguridad debe tener un enfoque de derechos humanos. Y por supuesto que puede tenerlo, si se quiere.

Los derechos humanos protegen a los delincuentes

Graciela Rodríguez – Ese es un eslogan que durante mucho tiempo se difundió por los medios de comunicación y que tiene una carga discriminatoria muy importante. Se asemeja mucho a la afirmación de que los migrantes son delincuentes, discurso que no tiene razón de ser. Su mensaje central es que los derechos humanos no se garantizan y que sólo sirven para defender a personas que hayan delinquido porque pueden salir de la cárcel sin ningún problema.

Es cierto que las personas que delinquen pueden ser puestas en libertad cuando no se respetan sus derechos humanos, como el debido proceso. Pero eso ocurre por el inadecuado proceder de las autoridades. En la medida en que una persona no sea detenida de manera legal y en la medida en que no se celebren juicios acordes al debido proceso, las personas deberán ser puestas en libertad, independientemente si son responsables o no de los hechos delictivos que se les imputan. La clave está en garantizar los derechos humanos para evitar que eso suceda. 

Los derechos humanos no defienden a los delincuentes, sino a las personas. Y cualquier persona, así haya cometido un delito, tiene derecho a una defensa adecuada y a que se le garantice el debido proceso. Si esto no es así, tiene derecho a salir, porque no se le comprobó absolutamente nada o porque se violaron sus garantías.

Activismo judicial

Graciela Rodríguez – El papel de las y los juzgadores ha cambiado a raíz de la incorporación de un sistema garantista en nuestra Constitución. El papel del juez en un sistema garantista es fundamental pues debe garantizar que durante los juicios toda la norma se aplique conforme a los derechos humanos. 

Eso es correcto. El problema se genera cuando los casos se deciden más por un tema de política judicial que de derechos humanos. En muchas ocasiones se toman decisiones desde la perspectiva política y no necesariamente desde la perspectiva de los derechos humanos.

El hecho de que jueces y juezas se conviertan en activistas implica que tengan, primero, una formación sólida en materia de derechos humanos y, segundo, la convicción de los alcances de las decisiones que se toman con base en la política judicial y de las que se toman con base en los derechos humanos. 

Por ejemplo, la contradicción de tesis 293/2011, que finalmente reconoce la existencia del bloque de constitucionalidad, fundamental para la interpretación de todo el orden jurídico mexicano. Se aceptó una sentencia como esa precisamente porque en su momento se consideró que ese era el alcance que debía tener (independientemente de la otra parte de la sentencia que tiene que ver con las restricciones constitucionales). Esa fue una decisión de política judicial. Es decir, se cedió en el tema de las restricciones, a cambio del reconocimiento de la existencia de un bloque de constitucionalidad.

Ese tipo de decisiones pueden ser positivas, pero a la larga pueden tener un impacto negativo. En el ejemplo en cuestión, lo que han significado las restricciones desde ese momento hasta nuestros días, ha sido brutal, porque cada vez se limita más y más la defensa y el litigio de los derechos humanos.

Estas son cuestiones que se tienen que valorar en la medida en que se reconozca y se pueda saber cuáles son las consecuencias de no abordar la protección de los derechos humanos.