José Luis Caballero Ochoa recientemente fue designado comisionado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Platicamos con el investigador sobre su visión en torno del papel de la investigación jurídica en la promoción de los derechos humanos y su nuevo encargo en este organismo regional.
¿Qué papel desempeña la investigación jurídica en la protección y garantía de los derechos humanos?
José Luis Caballero – Yo pienso que la investigación tiene que conducir la dimensión descriptiva de los fenómenos, pero también la dimensión propositiva sobre lo que puede y debe suceder. Para que la investigación jurídica sirva a los derechos necesita ser cada vez más interdisciplinar. El derecho ya no puede pensarse en torno de sí mismo para ser útil. Esa es una discusión que llevamos años teniendo en México; para ser útil, tiene que ir acompañado de un montón de herramientas cognitivas, conceptuales, científicas, interdisciplinares, transdisciplinares. La conjunción de múltiples aspectos en la investigación jurídica interdisciplinar es necesaria para avanzar con propuestas que puedan incidir en la realidad. Afortunadamente, en México se ha tomado el rumbo de la investigación descriptiva y ya no puramente de la doctrina, como se empezó a hacer hace muchos años. Ahora es una investigación mucho más situada.
¿Qué retos implica traducir los derechos humanos del plano teórico al plano práctico?
José Luis Caballero – La interdisciplina y tener presente la realidad social. Los insumos de la investigación teórica tienen que aterrizarse con datos prácticos, con investigación de campo. Esta es una dialéctica que siempre está presente y que creo que tiene que acentuarse. La sola investigación teórica del derecho abona, pero requiere aproximaciones prácticas.
De acuerdo con su experiencia, ¿cuál es el estado del arte de los derechos humanos en las instituciones de enseñanza del derecho en México?
José Luis Caballero – En las instituciones de enseñanza del derecho pasó una cosa muy interesante: teníamos situados los derechos humanos de manera marginal en varias coordenadas jurídicas en las que hemos construido el pensamiento del derecho en México; primero porque hay una noción mucho más acotada de las garantías individuales, y segundo porque teníamos una visión mucho más legalista de esas garantías, así como del amparo. Los derechos humanos nos sonaban, digamos, un poco ajenos; quizá en los tratados internacionales, más subjetivos, era una masa de principios que estaba entre la filosofía del derecho y el derecho internacional, pero que no acaban de aterrizar. Además, hemos tenido dos visiones normativas en México que son muy importantes pero que dificultaban la perspectiva de los derechos. Una es que casi siempre hemos estructurado la interpretación de las reglas de solución de conflictos del derecho tomando en cuenta la importancia de las fuentes (Constitución, tratados, leyes generales y federales), y hemos atendido poco la norma; en este caso la norma de los derechos humanos.
Por su parte, las reformas en la legislación relacionada con los derechos humanos trajeron consigo la idea de que había que mirar a la norma, por lo que el gran reto en las escuelas de derecho ha sido traducir esa norma inasible, medio subjetiva, en consideraciones técnicas para un abordaje preciso de las coordenadas entre el derecho constitucional y el derecho internacional, que implica el encuentro de la norma. El reto de las escuelas de derecho es traducir los derechos humanos en lenguaje técnico, pero sin olvidar su incidencia. Y en este punto yo creo que la jurisprudencia de los tribunales internacionales, los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos ha ayudado muchísimo en los últimos años. La Suprema Corte siempre ha estado a la altura interpretativa de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
¿Cuál es la fuente de los derechos humanos? En América Latina, ¿se trata de un discurso occidental y colonizador o bien de un instrumento de liberación?
José Luis Caballero – Yo pienso que hay una mezcla de discursos contemporáneos en torno de los derechos humanos: el eminentemente liberal, el del derecho internacional de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial, el de la apropiación más personal que estatal, etcétera. Samuel Moyn, un estudioso de la historia de los derechos humanos, ha dicho que en realidad hay una visión distinta de ese movimiento internacional, a partir de la década de 1970, que está mucho más afincada en movimientos civiles reivindicados por las minorías. No creo que podamos quitarnos la impronta de una creación desde Occidente y mucho más afincada en Europa, pero hay una derivación latinoamericana, una mirada desde el sur global, y eso me parece muy importante: identificar qué permite el encuentro entre la tradición jurídica y las reivindicaciones sociales y los procesos de emancipación de pueblos, comunidades y grupos. En la medida en que se conserve ese encuentro virtuosamente podremos afirmar que los derechos humanos sirven para la liberación de los grupos y de las personas y que las coordenadas jurídicas se posicionan para movilizar el derecho.
En general, en América Latina el derecho fue un dispositivo para mantener el statu quo durante muchos años, una herramienta formal para proteger a las instituciones y conservar el estado de cosas político social de los enclaves de poder. En la medida en que América Latina comenzó a razonar con las epistemologías del sur, con epistemologías críticas, el derecho ha empezado a ser un instrumento de apropiación y de emancipación. Lo vemos en el medio ambiente, en las luchas campesinas, en los movimientos de los pueblos indígenas, en la acción colectiva para atacar la política empresarial extractivista apoyada por el Estado, lo vemos en el cruce interseccional de los derechos en contra de la discriminación y del sometimiento de grupos y entes colectivos. En ese sentido, en México, por ejemplo, cada vez hay mucha más conciencia de los derechos y de la defensa basada en mecanismos colectivos. Hay ejemplos de cortes constitucionales que han avanzado muchísimo como espacios de liberación social y de pensamiento distinto, como las de Ecuador, Colombia, Sudáfrica e India. Me parece que, no obstante que es una construcción del norte, europea, los derechos humanos han ido ganando carta de naturalización en América Latina; no es la única herramienta de liberación, pero sí es lo que conecta el nivel de exigencia social con el orden jurídico.
¿Qué significa ser relator de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
José Luis Caballero – Las relatorías son algunas de las grandes áreas que atienden las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); las otras son las relativas a las peticiones y a los casos —las cuales atienden violaciones a los derechos humanos cometidas por los Estados en contra de las personas—; a la capacitación, y al monitoreo —establecida en el artículo 41 por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la cual determina que la CIDH tiene el mandato de observar los derechos humanos en todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y darles seguimiento por medio de visitas, informes por país, informes temáticos, relatorías… Hay dos tipos de relatorías: la que corresponde a la supervisión y la que corresponde al monitoreo. Para los 35 países miembros de la OEA existen siete personas relatoras, cada una de las cuales atiende cinco.
Yo recibí las relatorías de Belice, Bolivia, Chile, Colombia y Saint Kitts y Nevis. La encomienda que tengo en relación con esos países es identificar el clima político y el estatus de los derechos humanos y articular mecanismos de seguimiento de las recomendaciones de la CIDH. Mi labor consiste en dialogar para dar voz a los diversos actores políticos de esos Estados.
También hay relatorías temáticas que se han ido incrementando en la medida en que la problemática de algún sector que había sido excluido empieza a visibilizarse. Hay que focalizar la atención en este tipo de relatorías porque en algunos Estados suele haber impulsos de determinados actores de la sociedad que se resisten a estar en sintonía con los derechos humanos y la democracia, un binomio inescindible.
Yo tengo interés en que mi relatoría se dedique al tema de la independencia judicial, pues creo que es un elemento muy importante porque funge como un mecanismo que equilibra el poder; esto es, como un contrapeso eficaz. Un Estado democrático de derechos humanos es el que defiende los derechos humanos y modera el poder que tiende a ser excesivo.
¿Cuál es la relevancia de la CIDH en el contexto regional?
José Luis Caballero – La CIDH tiene una relevancia histórica y simbólica de fondo. Se trata del organismo de integración americana de más antigüedad —64 años— que conecta a todos los países del continente miembros de la OEA y que ha revitalizado las transiciones democráticas en América Latina con su trabajo y sus visitas in loco. En resumen, la CIDH ha propiciado el auge democrático de la región con base en los derechos humanos. La CIDH está llamada a construir un puente entre tradiciones, políticas jurídicas y pesos políticos específicos, tan diversos en el continente, para su integración.
¿Hay algún caso que haya sido admitido por la CIDH en el que debiéramos estar atentos por su relevancia para el contexto político mexicano?
José Luis Caballero – No puedo hablar de los casos de México. Para evitar conflictos de interés, los comisionados debemos mantener reserva y distancia en relación con los casos que competen a nuestro país de origen. Uno no debe hablar con autoridades ni hacer evaluaciones de instituciones públicas de una nación determinada. Pero me parece que hay temas en los que tenemos que fijarnos mucho. Los comentaré sin un orden particular: creo que tenemos que poner suma atención en que las autoridades que organizan la vida democrática y que defienden los derechos de las personas sean fuertes y muy solventes, porque en la región se empieza a advertir, desde muchos contextos, un intento de parálisis democrática por medio del debilitamiento de las instituciones por vía de reformas legales o por vía de destitución de funcionarios y funcionarias. Por ejemplo, Perú vive una situación muy complicada en la actualidad en relación con su órgano de supervisión de la justicia, pues hay una discusión muy encendida sobre la eventual destitución de sus funcionarios, sobre lo cual la CIDH ya ha publicado una nota de protesta con un tono muy enérgico incitando a detener esa pretensión.
Otro tema es el problema del desplazamiento forzado, instigado por los grupos criminales en el sur de Colombia, en su frontera con Ecuador, y el complejo mundo alrededor de la droga, sea la producción, el trasiego o el consumo, así como la criminalización de las personas, la migración obligada, el empleo de las fuerzas armadas para el combate al narcotráfico y las graves violaciones a los derechos humanos que provoca la presencia militar en tareas de seguridad pública.
Un tema más tiene que ver con la migración: debemos hacer frente a los flujos migratorios con base en una política de derechos humanos y guiar a los Estados por una ruta que garantice el derecho a migrar de manera segura. En la migración se juega mucho en relación con la vida y la seguridad de las personas. Por eso, sobre desplazamiento forzado interno, solicitudes de asilo y refugio hay muchas resoluciones de la CIDH.
Asimismo, destaca el tema del cambio climático, sobre el cual existe una opinión consultiva de la CIDH en relación con los países del Caribe, pues ese problema ya está afectando a pequeñas islas por la crecida del nivel del mar.
Finalmente, ¿qué papel desempeñan las abogacías en México en la consolidación de los derechos humanos?
José Luis Caballero – Hay un gran jurista en nuestro país, Raúl González Schmal, académico de la Universidad Iberoamericana, quien afirmaba que cada abogado y cada abogada están llamados a ser un ombudsperson. En la esfera de sus competencias, las abogacías deben tener un equipo transversal de derechos humanos que nutra su labor.
Donde sea que estén, los abogados y las abogadas deben poseer una perspectiva de derechos para atender los problemas actuales; no como un área específica del ejercicio profesional, sino como una lente a través de la cual tienen que ver su tarea, independientemente de la materia que aborden.
